Martes
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Arte macabro
arteseguro :: Febrero 2024
Hoy en nuestro blog os compartimos casi íntegramente una noticia que nos ha llamado la atención. Aunque hay cierto tipo de prácticas artísticas como el embalsamiento que pueden tener ciertas connotaciones macabras, lo parecen aún más cuando se junta con hechos delictivos. Os pasamos la noticia y más abajo el enlace por si la queréis leer íntegramente.
...COMPARTIMOS NOTICIA...
La persiana está abierta en el bajo del número 7 de la calle Sant Esperit del barrio valenciano de Benimaclet, pero nadie abre la puerta de este negocio. Desde 2010 allí está la sede de la Funeraria Montesinos, una pequeña empresa familiar que comenzó a trabajar en la vecina localidad de Massamagrell en los 80 y que regenta José Montesinos. Apenas ha tenido un par de trabajadores en estos años y ha acabado involucrada en una macabra trama de venta de cadáveres destapada por la Policía Nacional. La operación Thananos ha llevado a José a estar imputado, a despedir a los empleados y a perder parte del crédito labrado por su funeraria durante años.
Desde hace un año y medio hay una investigación judicial que se cierne sobre la actividad de esta pyme valenciana que se había abierto un hueco en el mercado especializándose en la repatriación de cadáveres por toda la Comunidad Valenciana gracias a las habilidades «artesanales» de José para embalsamar y reconstruir cuerpos dañados. Así lo reconocía en una entrevista en 2011 publicada por este diario. Su negocio funerario era entonces el más pequeño de la ciudad y se enorgullecía de ello. Pero fue más allá.
FALSIFICACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
Los dos empleados de Montesinos, según consta en la instrucción judicial abierta hace justo un año, elaboraron «documentos inexactos con el fin de lograr un lucro económico». Traficaron con el cuerpo. Esos documentos, que aportaron al Registro Civil, eran el consentimiento presuntamente dado por el fallecido para donar su cuerpo a la ciencia. Se trata de un requisito imprescindible para la donación que debe otorgarse en vida y ni siquiera pueden hacer los familiares. En España está prohibido comprar restos humanos para la investigación médica, pero sí se aceptan donaciones y las universidades, a cambio, corren con los gastos de traslado de los cuerpos en féretros y la posterior incineración de los restos.
Aquel cuerpo que salió de La Fe acabó en la facultad de Medicina de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia, que entregó a la Policía en enero de 2023 toda la documentación aportada por la funeraria y que, según informó la Policía a los responsables universitarios, presentaba irregularidades. «La universidad colaboró con la investigación y puso a disposición de la policía toda la documentación de este caso y de todas las donaciones tramitadas con esta funeraria», señaló el centro en un comunicado. 1.200 euros es el coste que suelen asumir las facultades por el traslado de los restos y la cremación cuando ya no son de utilidad para el estudio, algo que suele ocurrir en un año.
La investigación destapó que los dos empleados de la funeraria ofrecían los cadáveres de personas sin recursos y sin familia, con apariencia de legalidad, a las universidades y cobraban por las gestiones. Todo, según el instructor, a espaldas de los dos gestores de la empresa, para los que decretó el pasado mes de julio el sobreseimiento provisional al no apreciar «indicios delictivos suficientes», una decisión recurrida por la Fiscalía ante la Audiencia de Valencia y pendiente de resolución.
Pero el modus operandi de esta trama no sólo consistía en conseguir cadáveres sino que su praxis irregular se extendía al tratamiento que, tras haber pasado por las manos de los estudiantes, recibían los restos humanos. Según la Policía, la empresa cobró 5.040 euros a una universidad por la incineración de 11 cadáveres pese a que no consta que esos trabajos fueran realizados y facturados por ningún crematorio de Valencia.
La sospecha es que los restos, desmembrados por el uso científico, eran incinerados dentro de los féretros de otros difuntos. Esta práctica ha dado lugar a la nueva imputación de los trabajadores, pero también de los dos propietarios, que siguen insistiendo en desconocer las maniobras que realizaban sus empleados.
Fuente: https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2024/02/02/65bbeedcfc6c83b04d8b45d1.html
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